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Informe propone cambios en el régimen penal juvenil del país PDF Imprimir E-mail
Escrito por Fabiana   
Qua, 03 de Junho de 2009 13:42
Argentina

Se hace necesario el cambio del régimen penal juvenil actual en Argentina. Ésta es la conclusión del informe "Adolescente en el sistema penal: situación y propuestas para un proceso de cambio", publicado el mes pasado por Unicef. Según el documento, aun está pendiente en el país la aprobación de una nueva ley penal juvenil que respete plenamente los derechos y las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley.

La investigación pretende analizar las políticas públicas para niños y adolescentes en el país para, de esta manera, proporcionar las bases para que la nueva ley penal garantice un trato adecuado a los infractores menores de edad. Se busca establecer medidas que respeten los derechos humanos de esos adolescentes y que logren su reinserción en la sociedad.

El documento afirma que es necesario un proceso de cambio del sistema penal actual para garantizar el respeto de los derechos humanos de niños y adolescentes infractores. De acuerdo con el informe, tal proceso de cambio requiere decisiones y políticas públicas que operen en forma simultánea para poder conquistar algunos puntos centrales.

Entre las principales conquistas, se destacan: el avance de la derogación del actual Régimen Penal de la Minoridad; la profundización de las legislaciones procesales y de la organización de la Justicia de menores en cada provincia del país: la reformulación de políticas y programas gubernamentales en materia penal juvenil; y la consolidación de un sistema nacional para el registro y sistematización de datos que permitan contar con información coherente y actualizada relativa al sistema penal juvenil.

El informe, realizado entre los meses de agosto y diciembre de 2007, constató que en esa época, el país tenía 6.294 niños y adolescentes infractores y sospechosos de infracción. De ese total, el 71% estaba incluido en programas alternativos a la privación de libertad y el 29% estaba alojado en establecimientos para niños y adolescentes infractores.

Según el documento, "la cantidad de establecimientos existentes en el país supera en gran medida el número de programas - 119 y 25, respectivamente". El informe agrega además que una buena parte de los establecimientos que albergan a esos niños y niñas tiene solamente policías y servicios penitenciarios, teniendo poca o ninguna asistencia de los organismos jurídicos responsables de la implementación de las políticas de la niñez y la adolescencia.

Además de pocos, los programas alternativos a la privación de libertad, según el informe, raramente "se constituyen en una verdadera ‘alternativa’" a la reclusión. Eso porque, de acuerdo con el documento, el programa -en el sentido de una alternativa en relación con las medidas más perjudiciales para los adolescentes- es utilizado como un acompañamiento cuando el régimen de privación ha terminado o cuando no fue prevenido.

Otro resultado de la investigación es que la mayoría de los establecimientos que albergan niños y adolescentes en conflicto con la ley no ofrece actividades vinculadas con la formación laboral. De esa manera, el informe concluye que, actualmente, de modo general, una importante parte de los establecimientos del país "cuenta con una oferta que, en muchos casos, no resulta suficiente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la totalidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.


Adital. El 01/06/09
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